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Fallo del TSJ

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) revocó fallos de dos instancias que le ordenaban entregar su vivienda de Centenario en pago de una deuda.

De los dos integrantes de la sala civil del TSJ, Ricardo Kohon votó a favor de Jorge Brillo y Oscar Massei en contra. Convocado a desempatar, Guillermo Labate sumó su voto al de Kohon.

Quedaron en un limbo jurídico delitos presuntamente cometidos a raíz del conflicto, como el de defraudación y el de falsificación de un instrumento privado.

El juicio lo inició Inés Christensen Dalsgaard, esposa del empresario Héctor Gutiérrez, hace unos 15 años, demandando que Brillo le entregara su vivienda de Centenario en pago de una deuda. Acompañó un documento firmado por el demandado asumiendo ese compromiso.

La deuda se originó en que Brillo, letrado patrocinante de Gutiérrez en un concurso preventivo, recibió de su cliente una suma de dinero para distribuir entre sus acreedores y evitar así un pedido de quiebra, y le dio otro destino.

Antes, en julio de 1991, Brillo había denunciado que Gutiérrez, con la ayuda de algunos cómplices, lo había secuestrado para obtener, bajo amenazas, que firmara ese documento.

Como las demandas de dinero continuaban, Brillo hizo una denuncia en la policía. Acordó que lo citaría a Gutiérrez en un bar para que lo detuvieran cuando entregaba el dinero. Fue lo que sucedió.

No obstante, el juicio penal concluyó con la absolución de Gutiérrez. En la sentencia el juzgador llegó a sostener que "Brillo defrauda a su cliente y no le informa debidamente para alertarlo de las consecuencias que sobrevendrían a causa del rechazo del concurso preventivo".

Brillo alegó que había devuelto el dinero a un hermano del pretendido extorsionador, pero una pericia caligráfica demostró que la firma del recibo que presentó era falsa.

En el juicio civil por la entrega de la casa, la jueza Elisabeth García Fleiss falló a favor de la esposa de Gutiérrez y ordenó la entrega de la casa. Esa sentencia fue confirmada en segunda instancia con los votos de los camaristas Enrique Videla Sánchez y Luis Silva Zambrano.

Mediante un recurso de casación por inaplicabilidad de ley presentado hace unos seis años y declarado admisible por los jueces de entonces, Brillo logró llevar su caso el Tribunal Superior de Justicia. El vocal de primer voto, Kohon –quien insistió en una entrevista con este diario en que su pronunciamiento era "técnico"- dijo que la dación en pago se originó en un vínculo entre Brillo y Gutiérrez, lo que dejó en claro que la intervención de la esposa "fue simulada". Por tal razón –dice Kohon- "no cabe más que "impedir los efectos del negocio simulado".

Jorge Brillo fue miembro de la Junta de Gobierno del MPN, precandidato a gobernador en una fórmula impulsada para –se dijo- restarle votos a Jorge Sobisch. Pero después fue Asesor General de Gobierno durante los dos últimos mandatos de Jorge Sobisch. Ahora es candidato a intendente de Centenario por el MPN.

Ricardo Kohon es, en la composición actual del TSJ, el único sobreviviente del que ganó fama de "sobischista" en su composición anterior.

Fuente: http://www.rionegro.com.ar/

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En agosto del 2002, la jueza civil Elizabeth García Fleiss lo condenó a entregar su casa de Centenario a Inés Christensen en pago de una deuda. Brillo apeló y tres años después la sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Civil confirmó la sentencia con los votos de Enrique Videla Sánchez y Luis Silva Zambrano. Federico Gigena Basombrío votó en disidencia. El condenado volvió a recurrir y el expediente está desde entonces, pasados casi seis años, en el Tribunal Superior de Justicia.

En una nota que firmé el 9 de agosto del 2005, este diario informó que Christensen era la esposa de Héctor Gutiérrez quien, unos 20 años atrás, había recurrido a los servicios del abogado Brillo. Había que convocar a sus acreedores para arreglar el pago de crecidas deudas y evitar así que alguno le pidiera su quiebra. A ese fin le entregó una suma de dinero.

El asunto, privado entonces, tomó estado público cuando, en julio de 1991, Brillo hizo una denuncia pública de que Gutiérrez lo había secuestrado y extorsionado. Dijo que, invitado a comer un asado en Cipolletti, de pronto había aparecido Gutiérrez acompañado de dos personas que portaban armas que lo sujetaron y lo encerraron en un baño.

El día siguiente lo condujeron a una escribanía de la ciudad donde, amenazado, firmó compromisos de entregar su casa y dinero en pago de errores profesionales que habrían motivado la declaración en quiebra de Gutiérrez. Hizo lo que le exigían y recuperó su libertad.

Pero, dijo Brillo, las amenazas continuaron, en pos de más dinero. Por eso hizo la denuncia en la Policía y convino en que citaría a Gutiérrez en un bar para que lo detuvieran cuando él le entregaba el dinero. Fue lo que ocurrió.

La crónica, que no mereció comentario alguno de Brillo, informó que en junio de 1995 Gutiérrez fue absuelto en la causa penal que se le instruyó. "Se pudo saber entonces –dice el texto– que Brillo había recibido de su cliente una suma de dinero para obtener la adhesión de los acreedores a un concordato. Brillo contestó que ese dinero lo había devuelto a un hermano de Gutiérrez, Rubén Gutiérrez, y presentó un recibo, pero una pericia demostró que la firma del documento había sido falsificada".

Por el contrario, la sentencia que absolvió a Gutiérrez dijo que eran genuinas las firmas de Brillo en los documentos cuestionados por él. A la vez objetó los "desaciertos graves" cometidos por Brillo en el juicio de quiebra. "Brillo defrauda a su cliente y no le informa debidamente para alertarlo de las consecuencias que sobrevendrían en la quiebra a causa del rechazo del concurso preventivo".

En realidad, lo que había pasado –según la doctora García Fleiss, citada en la sentencia penal– era que Brillo se había apropiado "de la suma de dinero entregada por Gutiérrez para ser afectada al levantamiento de la quiebra".

En todo el tiempo que pasó –poco más o menos, casi un cuarto de siglo– desde que comenzó este pleito no hubo, que sepamos, causa penal alguna contra el jurisconsulto. Y no sólo eso: se supone que en reconocimiento a sus méritos políticos y jurídicos un bolillero lo honró colocándolo en el jurado que debía decidir sobre el enjuiciamiento del fiscal Pablo Vignaroli, acusado de ser un enclave sobischista en la Justicia. Dejo para la astucia del lector el imaginar cómo votó Brillo. jorge gadanohttp://www.rionegro.com.ar

Críticas de la Asociación de Magistrados a la actuación del Jurado de Enjuiciamiento contra VignaroliEditar

29 abril 2010 guillermo Berto 22 comentarios[1]

Ya saben que el Jurado de Enjuiciamiento declaró inadmisible el jury contra el fiscal Pablo Vignaroli, lo cual en su momento generó un interesante debate legislativo.

Ahora se sumó la Asociación de Magistrados que preside Richard Trincheri con un crítico documento en el que cuestiona varios aspectos: la duración del proceso (casi un año); la participación del abogado Brillo en el Jurado (pese a que estaba mencionado en una de las denuncias); la conducta del diputado radical José Luis Sáez (a quien le escribió el voto su colega Marcelo Inaudi, ajeno al Jurado, por lo cual sería nulo) y la inacción del Tribunal Superior de Justicia, que no inició sumarios ante tantas irregularidades presuntamente cometidas en causas judiciales.

Dice el comunicado:

“Habiendo transcurrido un tiempo prudencial desde que el Jurado de Enjuiciamiento resolviera desestimar el pedido de enjuiciamiento al Fiscal de Cámara Pablo Vignaroli, desde la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia de Neuquén entendemos necesario realizar una serie de reflexiones respecto de la conducta tenida por el Jurado y por algunos de sus integrantes, en pos de asegurar que el juzgamiento de la actividad funcional de los magistrados y funcionarios del Poder Judicial se realice respetando las garantías básicas del debido proceso –vigentes para todo tipo de procedimiento de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Preocupa a esta Asociación el excesivo tiempo que ocupó el Jurado desde la recepción del pedido de enjuiciamiento y hasta la resolución de inadmisibilidad. Toda persona imputada de la comisión de una conducta pasible de ser sancionada (administrativa, política o penalmente) tiene derecho a que se defina su situación en un tiempo razonable. De otro modo esa imputación se convierte en casi una condena (dada la permanencia de la sospecha) o, lo que también es sumamente grave, en una forma de amenaza o instrumento de presión para el afectado.

Teniendo en cuenta el contenido de la presentación por la cual se solicitó el enjuiciamiento de Vignaroli y, sobre todo, los escuetos fundamentos expuestos por cada uno de los integrantes del Jurado entendemos que la extensión de la etapa de análisis sobre la admisibilidad del enjuiciamiento (más de un año) resultó irrazonable y violatoria de los principios de celeridad y eficacia inherentes a todo proceso; además de permitir que surjan sospechas respecto de la imparcialidad y transparencia en la actuación del Jurado.

Otro aspecto que entendemos necesario destacar es la conducta tenida por Jorge Brillo, quien, no obstante estar involucrado en una de las causas en las que se fundó el pedido de enjuiciamiento omitió excusarse de integrar el Jurado, con grave afectación de la garantía de imparcialidad y de los mínimos principios éticos que rigen para el desempeño de la profesión de abogado, en cualquiera de sus vertientes.

Sin perjuicio de ello, la conducta de los restantes integrantes del Jurado de Enjuiciamiento, que permitieron la continuidad de la actuación de Brillo y que no dieron tratamiento (para admitir o rechazar) el pedido de apartamiento de este Jurado formulado por la entidad que solicitara el enjuiciamiento, resulta también pasible de reproche, ya que su deber como funcionarios públicos es asegurar la plena vigencia de los derechos y garantías consagrados por la Constitución Nacional y el bloque de constitucionalidad vigente a partir de 1994.

Similar gravedad reviste la conducta del diputado José Luis Sáez, quién públicamente reconoció haber decidido su voto por consejo de un par que no forma parte del Jurado. Tal reconocimiento es causa de nulidad del voto emitido, además de afectar la garantía de imparcialidad y demostrar el desinterés y desconocimiento por la función asumida.

Tampoco está exenta de reproche la actitud de los integrantes del Jurado por el Tribunal Superior de Justicia, quienes en conocimiento de presuntas graves irregularidades que habrían ocurrido en causas judiciales, no solicitaron la instrucción de las correspondientes actuaciones sumariales, a fin de investigar lo realmente sucedido y la responsabilidad de magistrados, funcionarios y agentes del Poder Judicial como así también de auxiliares de la Justicia, permitiendo, de ese modo, despejar toda duda o sospecha respecto del desenvolvimiento del Poder Judicial, tan cuestionado en esta época. Actitud que hubiera sido la esperada a la luz de los numerosos sumarios administrativos que, por situaciones muchas veces nimias, se instruye a magistrados y funcionarios.

Los extremos apuntados requieren de análisis y reflexión por parte de las instituciones de las que surgen los integrantes del Jurado de Enjuiciamiento –Tribunal Superior de Justicia, Legislatura de la Provincia y Colegio de Abogados Provincial- a fin de adoptar aquellas medidas conducentes que eviten la reiteración de conductas como las aquí denunciadas y aseguren la plena vigencia del debido proceso para todos los magistrados y funcionarios que puedan ser sometidos a enjuiciamiento, y la transparencia en la actuación de un órgano de la Constitución de la Provincia que tiene a su cargo tan delicada misión como es el juzgamiento y eventual remoción de magistrados y funcionarios judiciales, del Fiscal de Estado, y de los miembros del Tribunal de Cuentas”.

Lo firma la comisión directiva.

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