Mal educados
La investigación judicial que involucra a la conducción del CPE es una bola de nieve para el gobierno de Jorge Sapag. En su extenso historial de gobiernos, el MPN no puede mostrar resultados gratificantes en el área educativa.
La investigación judicial que involucra a la titular del Consejo Provincial de Educación (CPE), Patricia Ruiz, y a otros tres funcionarios de menor rango del organismo es una amenazante bola de nieve para el gobierno de Jorge Sapag.
La compra de insumos caros o la contratación de servicios a empresas entrelazadas familiarmente con la autoridad política del CPE, un caso que investiga el fiscal Ignacio Di Maggio, pone en jaque a Ruiz y en incómoda situación al gobernador, que optó por no rendirse a la presión externa y respaldó a la funcionaria en el puesto, al menos por ahora.
Ruiz y compañía quedaron en el radar judicial tras una investigación realizada por este diario que en julio último comenzó a divulgar información sobre empresas, contratos y vinculaciones internas difíciles de explicar para los protagonistas.
A medida que el caso adquirió volumen, aparecieron otros actores, como la Central de Trabajadores del Estado, que impulsó la denuncia judicial, y el fiscal de Estado, Raúl Gaitán, que también se presentó en la Justicia con una denuncia penal.
Finalmente el fiscal Di Maggio transformó todo esto en una acusación por los delitos de defraudación en perjuicio de la administración pública y negociaciones incompatibles con la función. Están involucrados en el pedido al juez de la causa Patricia Ruiz, el director de Compras y Contrataciones del organismo, Marcelo Rousillón, la directora provincial de Administración, Nora Katcoff, y la secretaria privada de la presidenta del cuerpo, Paola Yahuar.
En la trama de esta investigación aparecen el yerno de la titular del CPE y subsecretaria de Educación, Diego Gelos, también asesor contable del organismo, y su madre Aída Rosa Wilson, que figura como dueña de una empresa que ofrece todo tipo de servicios. La casa de Gelos y de la hija de Ruiz fue allanada esta semana y en ese lugar se secuestraron 5.000 fotocopias de contrataciones efectuadas por el CPE.
La causa, que está en el juzgado de instrucción de Mauricio Zabala, tiene bastante camino por recorrer. Sin embargo, y con todos estos elementos ya difundidos, Sapag esquivó una opinión política sobre lo que sucede en Educación. "Hasta que no se investigue y no se resuelva este tema no hay que hacer presunciones", respondió en la semana cuando fue consultado por las derivaciones del caso.
La explicación equidistante y formal del gobernador no se compadece con la rápida intervención de la Fiscalía de Estado en el caso. En el gobierno circula la versión de que la presentación que hizo Gaitán es señal de que "a Ruiz le empezaron a soltar la mano".
Sapag se comportó en esta ocasión del mismo modo que lo hizo en otros conflictos: en el medio de la tormenta aparenta no tomar decisiones mientras espera que desaparezcan las ansiedades y las presiones.
Del gobierno de Sapag ya cayeron varios de sus colaboradores . Algunos lo hicieron con bastante ruido.
Aunque después volvió a conseguir trabajo en el Estado, la primera salida fue la Rodolfo Kaiser de la Subsecretaría Legal y Técnica. El funcionario, un hombre que venía de acompañar la gestión de Jorge Sobisch, renunció a un mes de haber asumido "por motivos personales", según explicaron en el gobierno en ese momento.
En abril del 2009 el ministro de Desarrollo Social, Wálter Jonsson, también se alejó del cargo "por motivos personales", explicó Sapag. El ex funcionario estaba en la mira a partir de una auditoría iniciada por el manejo de planes sociales.
Poco menos de un año después, una fuerte interna entre dos ministros, César Pérez, a cargo de Desarrollo Social, y Jorge Tobares, de Gobierno, se resolvió con la renuncia de ambos.
El más reciente y recordado conflicto fue el que involucró al subsecretario de Acción Social, Facundo Gaitán. La difusión de un video íntimo del ex funcionario en internet fue la causa de su renuncia en febrero de este año.
Hubo otras salidas del gobierno, como la del ex subsecretario de Vivienda, Herminio Balda, reemplazado por el funcionario de la primera deserción, el ya aludido Kaiser, que acaba de recibir un tirón de orejas en el Ejecutivo por avalar, en una reunión en la Legislatura, la posibilidad de incluir en los presupuestos fondos específicos para la construcción de viviendas, según informaron fuentes oficiales.
El nuevo escándalo se plantea en un área donde el Movimiento Popular Neuquino no puede mostrar, en su extenso historial de gobiernos, resultados gratificantes. Por el contrario, el oficialismo ha fracasado en sus políticas educativas y lo demuestran indicadores como la tasa de abandono en el secundario, que se ubica desde hace varios años en el 60%, y una baja calidad educativa que se siente cuando el otro 40% llega a la universidad.
Algunos son problemas estructurales que se dan en el resto de la Argentina y en muchos otros países, pero aquí se nota una pobreza educativa acentuada, a pesar de los más de 2.000 millones de pesos de presupuesto que maneja el área.
La alta conflictividad sindical que tiene Neuquén, con extensas huelgas todos los años, es un componente demoledor para la formación de los alumnos. Pero la gestión educativa también debe incluir estrategias para evitar que esto suceda. Los diferentes gobiernos del MPN han fallado con frecuencia en ese campo, con ausencia de políticas de anticipación a los conflictos.
La investigación judicial en marcha plantea interrogantes sobre el alcance de prácticas similares en otros organismos del Estado. En su defensa, Ruiz declaró que ella conoce de educación pero no de administración. ¿Habrá otros en el gobierno que no han sido educados para manejar presupuestos millonarios?
Fuente: GERARDO BILARDO - Diario Río Negro - Edición 05/09/2011